RTVE: ¿Un juguete roto?

La independencia en la Corporación RTVE

“La independencia no significa que tú decides la manera que deseas”. Stephen Breyer.

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre RTVE y la eterna discusión acerca de su independencia. Un fin que, pese a estar grabado a fuego, tanto en su legislación como en la conciencia de la sociedad y de los propios trabajadores, es objeto de controversia permanente.

La independencia va asociada ineludiblemente a otros valores como la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo, la objetividad y la tolerancia. Valores constitucionales que deben ser defendidos y promocionados por RTVE en el cumplimiento de su misión de servicio público.

La última reforma de la Ley 17/2006 de 5 junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal de 2017, establecía en su título “para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. Una reforma que exigía, para la elección de los diez miembros del Consejo de Administración, una mayoría de dos tercios de cada Cámara o, en una segunda votación, mayoría absoluta, siempre que las candidaturas hubieran sido propuestas, al menos, por la mitad de los grupos parlamentarios.

La novedad más relevante fue la decisión de convocar un concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación con participación de un Comité de Expertos. Y, a la postre, fue lo que sucedió, el 17 de julio de 2018, diez meses después, tras un Real Decreto – ley, de junio de ese año. La ansiada y, para algunos, utópica independencia, tenía una nueva oportunidad.

Conforme establecía dicho Real Decreto – ley, y mientras el concurso público no se resolviera, tras un intento fallido de nombrar un Consejo de Administración provisional, el Pleno del Congreso de los Diputados eligió a una administradora provisional única: Dª Rosa María Mateo. Cargo con plenos poderes, al ostentar todas las competencias atribuidas por ley tanto al Consejo de Administración como al Presidente de RTVE. Un nombramiento consumado en segunda votación, que sólo exigió mayoría absoluta sin necesidad de ser propuesta por, al menos, la mitad de los grupos parlamentarios (como sí se exige en los consejeros). Lo que, en principio, debiera haber sido una administración breve y transitoria, se ha convertido, en una lucha sin cuartel, interna y externa, que dura ya dos años, con una más que cuestionada gestión empresarial de la Corporación y a vueltas, otra vez, con la falta de independencia.

Hace unos días, titulares de distintos digitales y periódicos de ámbito nacional, se hacían eco de un informe de los letrados del Senado, en el cual se analizaba la situación jurídica del concurso público, tras casi dos años de paralización y, en respuesta a los recursos de tres de los candidatos, se exponían dos posibles vías para la continuación del proceso.

Grosso modo, la primera opción sería resolver la treintena de recursos pendientes y continuar adelante con los veinte candidatos mejor valorados por el Comité de Expertos, una solución que implicaría incumplir el principio exigido legalmente de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición, debido a que, entre ellos, únicamente hay tres mujeres. La segunda, advertía sobre la posible extralimitación de funciones de dicho Comité (exceso del mandato recibido) al declarar idóneos, únicamente, a los veinte que hubieran superado una cierta puntuación. Concluyendo, por tanto, los letrados que, en este caso, las correspondientes Comisiones de Nombramientos del Congreso y del Senado, no estarían vinculadas por esa relación, pudiendo llamar a cualquiera de los 94 candidatos que permanecen en el concurso y fueron valorados. Con esta segunda opción sí se podría cumplir con la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

Días más tarde, el Comité de Expertos mostraba su total rechazo al informe de los letrados pidiendo amparo a las presidencias del Congreso y del Senado por considerar “que se critica frontalmente su labor”. Además de señalar “la coincidencia esencial entre este dictamen jurídico, aparentemente técnico, con las posiciones de lobbies e intereses conocidos que intentan siempre poner palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE”. Hecho este que obtuvo inmediata respuesta por parte de la Asociación Profesional de Letrados de las Cortes Generales defendiendo, como no podía ser de otro modo, que el dictamen “se elaboró con arreglo a criterios estrictamente jurídicos, con pleno respeto a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios aplicables”, manifestando “públicamente su rechazo y más firme protesta por esas acusaciones que exceden de la crítica legítima y se adentran en un campo que debe quedar proscrito en una sociedad democrática». Un apoyo al dictamen de los letrados y a su confianza en el cumplimiento de la Ley, que también ha querido trasladar, recientemente, la organización sindical UGT RTVE.

El Buen Gobierno

“Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber Buen Gobierno ni reinará la concordia”. Platón.

A partir de finales del siglo XX se consideró esencial la generación de políticas de integridad que asegurasen la seguridad jurídica, la equidad y la imparcialidad, que incentivasen conductas honestas y eficaces en los servidores públicos y desincentivasen las corruptas y carentes de ética. Así, el “Libro Blanco sobre Gobernanza en la Unión Europea” (2001), definió al Buen Gobierno como aquel que fomenta la transparencia, la rendición de cuentas, la coherencia, la participación ciudadana, la integridad, la objetividad e imparcialidad en el servicio al interés general.

Esta es la línea que justifica la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” cuyo objeto es “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos”.

Siguiendo el criterio establecido por la OCDE, en su Recomendación sobre Integridad Pública de 26 de enero de 2017: “el Sector Público debería implementar sistemas de integridad, promover una cultura ética y ejercer el liderazgo necesario en este ámbito y, por último, demostrar una rendición de cuentas real y efectiva, utilizando modelos de control interno y de gestión del riesgo, de forma similar a la metodología utilizada por las empresas del sector privado cuando establecen y gestionan sus sistemas de Compliance”.

Por su parte, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, promueve una mayor transparencia, integridad, igualdad, así como la prevención de la corrupción y los conflictos de interés en la contratación pública. Más recientemente la Ley 11/2018, de 28 de diciembre exige a algunas empresas, entre ellas a la Corporación RTVE, un estado de información no financiera que contenga datos relativos a cuestiones medioambientales, sociales, personal, respeto de los derechos humanos y lucha contra la corrupción y el soborno.

Hacia una Dirección por Valores en la gestión empresarial de RTVE

“Los valores no son simplemente palabras, los valores son por lo que vivimos. Son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente”. John Kerry

Una vez expuesta la desconcertante situación de la Corporación y, establecidos los principios básicos, del Buen Gobierno, queda patente el riesgo real que existe de incumplimiento de la función de servicio público exigida a la radiotelevisión pública. Por desgracia, RTVE parece un juguete cuya propiedad es causa de interminables disputas entre los partidos políticos que ambicionan su control. El riesgo de convertirla en un juguete roto es evidente pero, por suerte, si se actúa con diligencia y firmeza pienso que hay solución: una decidida apuesta por un modelo de gestión basado en valores.

Sobre la «Dirección por Valores» (DpV) aplicado a la dirección de empresas, comienza a hablarse en España a finales del siglo pasado, en torno a 1997, con Salvador García y Shimon Dolan. Siguiendo al profesor Salvador García, la DpV pretende:

  1. Un equilibrio entre la salud económica, la salud emocional y la salud ética de la empresa, generando así una mayor felicidad interna, una mayor ventaja competitiva en el mercado y una mayor contribución a un mundo mejor.
  2. Construir participativamente una idea ilusionante y ética de hacia dónde vamos, para qué y con qué compromiso de reglas del juego.
  3. Humanizar la empresa, en el sentido de considerar a las personas como fines a potenciar y no como meros “recursos humanos a optimizar”.
  4. Potenciar la legitimación, cohesión y credibilidad de la propiedad y del equipo directivo de la empresa ante sí mismos, ante sus colaboradores y ante el conjunto de la sociedad.

 Se trata por tanto de un modelo que busca simplificar la complejidad de la organización, orientar su visión estratégica y comprometer a la alta dirección con una nueva política de gestión de personas. Y en el caso de RTVE, sería un camino eficaz para garantizar su independencia al trascender los intereses particulares y conceder una prioridad estratégica a la ética y al interés común.

Mis propuestas para la Corporación plasmadas en el proyecto CORE rtve[1], traen causa de todo lo expresado hasta ahora: establecer un marco para RTVE que confluya en un nuevo modelo de gestión empresarial basado en valores. Un nuevo enfoque centrado en la persona, más humanista, que entienda que el éxito global de la Corporación, como servicio público de radio y televisión, depende de un exquisito respeto por los principios éticos y de un esfuerzo constante y riguroso por salvaguardar su independencia.

Este modelo de gestión conllevaría además innumerables beneficios, de entre los que me gustaría resaltar, los más directamente relacionados con la gestión de personas: implantar un nuevo sistema integral de gestión de Recursos Humanos a través de valores implica que el desarrollo profesional y la Igualdad se convertirán en objetivos prioritarios. Además, se trata de un instrumento práctico capaz de infundir sentido de pertenencia, motivación y compromiso entre todos los miembros de la Corporación. Un nuevo enfoque en el que los profesionales de RTVE estarán en el centro de la organización porque ellos son su principal activo.

[1] CORE rtve es el acrónimo que resume las principales líneas de mi proyecto de gestión para RTVE: (C) Cumplimiento Normativo – Transparencia; (O) Organización – Eficiencia; (R) Recursos Humanos – Igualdad; (E) Excelencia en el Servicio Público – Credibilidad. Se concreta en cuatro ejes estratégicos de actuación: Cumplimiento de la misión de servicio público e independencia, centralidad de las personas, transparencia y eficiencia económica y financiera.     

Mónica Armada

Licenciada en Derecho y Doctoranda en Periodismo. Máster en “Asesoría Jurídico Laboral” y Executive en “Corporate Compliance” por el Centro de Estudios Garrigues. Es candidata al Consejo de Administración de RTVE

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[1] CORE rtve es el acrónimo que resume las principales líneas de mi proyecto de gestión para RTVE: (C) Cumplimiento Normativo – Transparencia; (O) Organización – Eficiencia; (R) Recursos Humanos – Igualdad; (E) Excelencia en el Servicio Público – Credibilidad. Se concreta en cuatro ejes estratégicos de actuación: Cumplimiento de la misión de servicio público e independencia, centralidad de las personas, transparencia y eficiencia económica y financiera.