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Por una Educación Plural

  • La educación pública no tiene por qué estar monopolizada por el estado.
  • Es un derecho de todos que también las iniciativas de padres, cooperativas, entidades sociales, etc. puedan educar a nuestros hijos.
  • La Administración debe ordenar, coordinar, facilitar y garantizar la educación; no controlarla.

 

Con la nueva Ley Celaá de Educación, o LOMLOE, ha vuelto al debate social la (presunta) dicotomía educación pública vs educación concertada. La pregunta que genera discordia es: ¿es la educación concertada una intrusa en las labores que hace la educación pública? Fruto de nuestra historia, en España se ha entendido como un ideal de izquierdas la defensa de la escuela pública frente a la “conservadora” escuela concertada, parte de cuya gestión está en manos de entidades de la Iglesia Católica. Siendo consciente de que la mayor parte del debate se asienta en prejuicios cainitas o en heridas históricas, creo todos tenemos un deber de preguntarnos sobre este problema de una manera sosegada, simplemente indagando acerca de los principios del sistema educativo español para mejorarlos y reformarlos. Cada uno según su opinión, pero aportando razones. Sin perder de vista que está en juego la educación de las generaciones que vienen. Y eso quiero hacer yo.

 

La izquierda política en España —aunque no solo ella— mantiene un principio que a mí me resulta inspirador: la importancia del ascensor social para que los más desfavorecidos tengan igualdad real de oportunidades con aquellos que tienen más recursos. Un país con un ascensor social es un país con esperanza. Y de este discurso parece derivarse el derecho de la izquierda de ser la valedora de la enseñanza pública. Pero le conviene ser consciente a cierta izquierda de que el ascensor social no se desarrolla más con escuelas que sean propiedad de las administraciones. De hecho, más ascensor social habría si los alumnos de familias con menos recursos pudieran ir a las escuelas más relevantes de nuestro país, gracias a una fórmula que financiara la matrícula y el material escolar de los estudiantes en colegios privados. Que esos estudiantes de familias de menos recursos pudieran compartir aula con el hijo o la hija de algún ministro del actual gobierno de izquierdas sería algo digno de fotografía. En todo caso, en condiciones normales, estoy persuadido de que la iniciativa de los padres y de las instituciones sociales, cercana al terreno y a la demanda de las familias, es eficaz ¡y existe! para dar una educación alternativa y complementaria (no subsidiaria) de calidad. La subsidiariedad, en todo caso, debería ser la del estado.

 

¿Por qué confiar, también, en la escolarización de iniciativa social o privada para el servicio de educación de nuestra nación? Porque los pilares de la democracia española están precisamente fundados en el pluralismo. Si es que no es un imposible, y no lo es a tenor del art 27 de la CE o de la misma Declaración de Derechos Humanos, lo propio del pluralismo, del mantra tolerante repetido por el presidente Zapatero y sus sucesores, es que los diferentes puedan ser diferentes, las minorías puedan educar a las minorías, que todos tenemos los mismos derechos de ser educados y de educar conforme a nuestras convicciones. ¿Qué hay de tolerancia en que el único agente educativo de la enseñanza pública sea el Estado? ¿Por qué las familias ricas tienen más posibilidades de educar a sus hijos conforme a sus convicciones que las familias pobres, sustituidas por el Estado en sus decisiones? Las primeras familias pueden acudir al colegio privado que quieran, mientras que las segundas solo pueden acudir al colegio de su zona o al que la Administración dictamine. ¿Tienen menos derecho los padres mileuristas que los padres diezmileuristas? ¿No estamos condicionando la libertad de elección de los padres a su capacidad económica? Como si dijéramos: “si no tienes dinero, tienes derecho a una escuela, pero a una del Estado”; frente al “si tienes dinero, la que tú quieras”.

 

Sin duda, la labor del Estado es encomiable. Debe regular la enseñanza; preñarla de derechos y deberes; garantizar la calidad de la enseñanza; orientar y diseñar los currículos; facilitar la igualdad de todos los alumnos… Pero garantizar un buen funcionamiento (aunque disientan los diferentes partidos de en qué consiste esto) no implica tener el monopolio de la enseñanza pública. De la misma manera que los monopolios naturales se han ido desnaturalizando y cediendo a la competencia con el paso de los años, las escuelas públicas han de cederse, en lo posible, a los agentes que están directamente interesados en la educación: padres, profesores, instituciones sociales…

 

Si contemplamos el asunto desde esta perspectiva, creo que podemos fortalecer precisamente el ascensor social. Y no con una ley como la que está tramitando la actual ministra de Educación. Carente de consenso, sin participación de los más directamente afectados, sin informes, a velocidad de vértigo en su oscura tramitación, y en medio de una pandemia, está confrontando a los que eran colegas: profesores, padres y alumnos de escuelas diferentes. A lo sumo, lo que conseguirá es que en una futura legislatura en la que gobierne un partido conservador o liberal vuelva a haber otro golpe de timón educativo. Recordemos que de media vamos a ley educativa cada 5 años. Y, dado que somos un país al nivel educativo de Lituania u otros países en vías de desarrollo, según el Informe Pisa 2019, hemos de estar preocupados de no ser capaces de lograr ese gran pacto educativo perdurable a lo largo de los años que todos deberíamos desear. Nos jugamos el futuro. Les invito, ilustres miembros del Gobierno de coalición, a comenzar este camino de futuro. Disentir es un derecho. El acuerdo entre los diferentes es una obligación.

Antonio Rivero Díaz
Profesional de la Comunicación y Filósofo

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