La libertad de prensa está incluida, COMO DERECHO FUNDAMENTAL, consagrado dentro del artículo 20 de nuestra Constitución (libertad de expresión), en cuanto al derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, esto es, el derecho del periodista a comunicar libremente y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz por cualquier medio de difusión (Derecho de información).
Tal importancia reviste, que se recoge igualmente en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Como Derecho Fundamental, está especialmente protegido y expresamente se señala que, “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.”
La libertad de prensa es trascendente para una democracia plena, porque es el corolario de la libertad de expresión, de opinión y el derecho a recibir información veraz (NO como única verdad, sino como exposición de los hechos de modo objetivo).
La FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), a comienzos de este año, puso ya de manifiesto que la libertad de prensa en España está en riesgo. Se señalaron los vetos a periodistas, las limitaciones a la libertad de expresión, imposiciones de silencio informativo de diversos temas por los poderes públicos y límites expresos de información.
Con posterioridad a este informe, hemos conocido diversos despidos y ceses a periodistas que, en cumplimiento de su función, han sido apartados de sus puestos de trabajo por sus opiniones contrarias al actual gobierno o a la gestión de la actual crisis sanitaria, decisiones ellas ajenas a meras directrices empresariales de los medios donde prestaban sus servicios.
Igualmente hemos asistido a la censura por parte del Gobierno en sus ruedas de prensa por el estado de alarma a determinados medios de información (curiosamente tildados como “no afines”), a determinados periodistas y hasta a la selección previa de las preguntas que se pretendían responder, sin pudor alguno. En fechas recientes también hemos conocido que se ha otorgado, en plena pandemia, una subvención de 15 millones de euros a las televisiones privadas (el motivo oficial lo suponemos, el extraoficial, lo dejamos al criterio del lector).
Ante este panorama de restricción que sufre España, tanto en relación con la libertad de prensa como con la libertad de expresión y derecho a la información, denunciado tanto por FAPE como por distintos organismos nacionales e internacionales, no debemos ser indiferentes. Debemos alzar la voz y exigir que se salvaguarden y respeten nuestros derechos, tanto el de expresión, como el de información y libertad de prensa.
Es precisamente por estos motivos, por los que una información veraz, sin censuras, plural, sin orientación ideológica, limitación ni veto interesado debe ser garantizada y protegida, y nunca ser susceptible de venderse para enmascarar la realidad o distorsionarla a intereses particulares en detrimento de la transparencia.
La prensa libre es garantía de una verdadera Democracia y Estado de Derecho. La ciudadanía debe conocer la realidad contada de forma objetiva, lo cual no es óbice para que el informador facilite su opinión, pero sin tergiversar, manipular u ocultar hechos, ya que de otra forma cualquier análisis crítico sería incorrecto, o lo que es peor, incompleto, repercutiendo en la decisión respecto a la elección de representantes en Cortes. Si el pueblo no resulta informado, su soberanía quiebra desde el mismo momento en el que se trata de encauzar su voluntad mediante la distorsión informativa, tratando de captar una adhesión a una campaña que, en la práctica, puede llegar a perjudicarle, o lo que es lo mismo, que acabe votando en contra del interés general.
Informar de los hechos de forma objetiva y veraz, facilitando al ciudadano una información clara y transparente por parte de la prensa para que conozca las opciones reales, es fundamental para que, después de un análisis crítico, pueda elegir a sus representantes en el congreso y Senado. El pueblo que tiene una información clara y veraz es capaz de elegir a sus representantes de forma coherente e incluso más certera.
La información es poder, y a la prensa se le denomina “el cuarto poder” ya que tiene el poder de inclinar la opinión hacia un sentido u otro en función de la información que transmite e incluso su manipulación (junto a los tres consagrados expresamente en el Estado de Derecho, esto es, ejecutivo, legislativo y judicial), porque son la garantía de transparencia, de formación de la opinión pública más allá de quién ostente el poder en ese momento. Cierto es que la presentación de unos mismos hechos objetivos y reales pueden conducir a criterios o versiones distintas de la misma realidad, pero los hechos, de ser veraces, llevarán (gracias a la pluralidad y objetividad del hecho en si mismo) a la formación de la opinión del ciudadano, que acabará vertiéndose en las urnas. La censura de determinadas informaciones hace que dicha opinión pública se distorsione por desconocimiento, y con ello la Democracia, entendida como la soberanía del pueblo, deja de ser tal.
La institución democrática demanda como esencial que los ciudadanos tengan acceso a una información plural, independiente, libre, veraz y sin censura, para que la facultad de decisión y elección no quede viciada. Desde CIVyD CIVISMO Y DEMOCRACIA defendemos y exigimos la plena protección de lo dispuesto en el Artículo 20 de la Constitución Española, Libertad de Expresión, comunicación, opinión e información, porque de otro modo quiebran estos derechos, y ello sólo es característico de países no libres o de aquellos con una libertad aparente, como durante décadas viene sucediendo en España, y hoy en día resulta notorio.
Para garantizar la libertad de expresión es muy importante que no se produzca sometimiento del poder Judicial al Ejecutivo / Legislativo, volviendo a ser clave la separación de poderes, bien sea por el control a priori de las cámaras sobre el ejecutivo, bien por la persecución de los tribunales a prácticas tan sórdidas e inconstitucionales como éstas, si fuese el caso.
Patricia de Dios Teigell
Abogada y Secretaria de la Junta Directiva de CIVyD Civismo y Democracia