En este país la Cámara Legislativa la componen 350 diputados, todos ellos adscritos a algún partido político o federación o coalición de partidos. Esto no quiere decir que existan 350 unidades de formación de voluntad y opinión, esto es, no es verdad que existan 350 personas que discutan, diriman y consensuen proyectos aportando todos y cada uno de ellos libremente su opinión, conocimientos, necesidades, y todas aquellas cuestiones precisas para construir y mejorar nuestro país.
Los miembros de Congreso o del Senado no los eligen los ciudadanos, realmente los elige el partido, y es ahí donde se aseguran la lealtad a la disciplina de voto, lo que se traduce en que todos los miembros de un mismo partido voten en el mismo sentido, lo que suele ocurrir salvo muy raras excepciones, bien sea en personas o en asuntos concretos.
Esta cuestión no es baladí, puesto que condiciona enormemente el funcionamiento de dichas Cámaras legislativas, no ya porque cada diputado, casi con toda seguridad, votará en el sentido que le indique su partido en cada asunto, abstrayéndose de lo que su razón o su conciencia pueda dictarle, sino por la dependencia que existe entre ser diputado y ser obediente a la disciplina impuesta, so pena de ser apartado del cargo.
En este escenario se produce también la deslegitimación directa entre el votante y el votado. Un ciudadano que vota a una lista de personas en una provincia, no está votando realmente a esas personas, sino que vota a unas siglas, a un partido, puesto que el resultado de la acción política de esas personas elegidas será la que dicte el partido político al que pertenezcan, con lo que la lista podría contener sólo un nombre, y el efecto sería el mismo.
Se producen por tanto los siguientes efectos inmediatos:
a) En las Cámaras existen solamente tantas opiniones o voluntades autónomas como partidos políticos, mucho menor que el numero de personas que las componen.
b) Las mayorías que se obtengan directamente o indirectamente a través de pactos, son las que conformarán en cada legislatura al Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno no es el resultado directo de lo más votado, sino el producto de los pactos que convengan para poder gobernar, sin que en la práctica ningún diputado de los partidos que conforman y acuerdan pueda apartarse del mismo actuando en conciencia y con voluntad propia.
c) Los que ostentan el control y el mandato, tanto de las Cámaras Legislativas como del Poder Ejecutivo, son los partidos políticos.
d) Los partidos políticos están controlados por la cúpula de cada uno de ellos, esto es, cuatro o cinco miembros que forman la Comisión ejecutiva, o que se reparten los puestos más representativos, y son ellos quienes emiten esa opinión única que habrán de seguir cada uno de los miembros del partido que consiga un asiento en las Cámaras.
La conclusión es obvia, unos pocos señores que dirigen los partidos políticos, gracias a leyes hechas por ellos y para ellos, controlan:
- A quién podemos votar.
- Lo que se legisla (lo que se aprueba en las Cámaras mediante la unidad de voto de los miembros de su partido).
- Qué personas mandan sobre los jueces,
- Qué Fiscal manda sobre el resto de fiscales,
- Y, además, se autorregulan ellos mismos sus sueldos, sus prebendas, las subvenciones que conceden a qué asociaciones y a medios de comunicación, y ponen y quitan a las personas que pueden o no pueden aparecer en las listas que nos dejan votar.
En definitiva, tienen el control absoluto, se autocontrolan ellos mismos, lo que limita y coarta enormemente la libertad, y por ende la Democracia, convirtiéndose esta en una mera apariencia, situación que puede agravarse si los cuatros dirigentes de los principales partidos no tienen altura de miras, sentido de Estado, responsabilidad y generosidad con su país primando el interés particular sobre el interés general. Por tanto, podemos decir que actualmente no estamos en una Democracia sino en un sistema conocido como “PARTITOCRACIA”.
Desde CIVyD CIVISMO Y DEMOCRACIA queremos abogar por un cambio en la forma de elegir a nuestros representantes, una solución factible a los grandes males y perversiones que asolan la Democracia de este país en la actualidad.
Nuestra propuesta, en aras de que quién gobierne y legisle sea realmente por voluntad popular, podría llevarse a cabo con una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de tal forma que se voten listas abiertas. Esto significa que en cada circunscripción se voten personas concretas, independientes, que se deban tan solo a sus votantes, a las personas de su ciudad, de su distrito, de sus pueblos, que serán los que les votarán de nuevo si lo hacen bien, si lucha, trabaja y piensa en sus electores.
Esta propuesta tendría un verdadero efecto representativo en las Cortes, además de poder elegir personas concretas con experiencia, arraigo, curriculum y una trayectoria intachable, excluyendo a todo aquel que no esté preparado para adquirir tal condición pública y con ello no sólo volvería la confianza a nuestros políticos, sino que caerían las redes de influencias tejidas a base de adhesiones desde la ausencia de valores para la cadena de favores de afines y “apuntados” a la causa.
Esta cuestión generaría un buen principio para nuestro momento actual y de cara al futuro, elevando el sistema político hacia la consecución de una Democracia Plena, y erradicando males y vicios, que de persistir acabarán con la institución democrática.
Sólo desde la autocrítica y el compromiso se pueden conseguir los cambios para que la representación política de un país cumpla su esencia y su función y deje de ser fruto de mera influencia partidista para ser un Gobierno por y para los ciudadanos. Desde CIVyD Civismo y Democracia proponemos a los lectores una reflexión sobre estas cuestiones y les animamos a unir voluntades para exigir estos cambios, no deseables por los actuales dueños del poder en el país, que son los partidos políticos, y por ende sus dirigentes, se vean forzados a implementarlos para alcanzar una verdadera Democracia.
La ciudadanía debe mostrarse firme en este sentido, haciendo de esto una causa justa y necesaria para que sea factible arreglar otros problemas a los que debemos enfrentarnos con urgencia.
Elevemos nuestras miras buscando soluciones estables y sólidas a largo plazo en las que cimentar nuestra convivencia como sociedad y país.
Antonio Cañones
Economista y abogado en Ejercicio. Miembro de la Junta directiva de CIVyD Civismo y Democracia